Entrada

 

 

ENG Community Translation / Public Service Translation CAT Traducció als serveis públics EUS Komunitate-itzulpengintza GLG Tradución nos servizos públicos POR Tradução em serviços públicos

 

contenido
Introducción | Relación con interpretación en los servicios públicos y traducción en situaciones de crisis | TSP, ciudadanía, derechos humanos y lingüísticos | Acceso a la comunicación; accesibilidad de la información | Amateurismo, profesionalismo y calidad | Potencial para la investigación

 

  Introducción. Una definición

La traducción en los servicios públicos (public service translation o community translation en inglés) remite a la traducción de textos de interés público (por ejemplo, información sobre servicios sociales, servicios de acogida, salud, procesos policiales y judiciales, elecciones, medio ambiente, actividades municipales, campañas de concienciación locales y nacionales) para ciudadanos y residentes que no dominan el idioma de la administración que los ofrece. En el primer congreso sobre la traducción en los servicios públicos, celebrado en la Universidad de Western Sydney (Australia) en 2014, se utilizó la siguiente definición  (traducción propia):

Traducción de diferentes tipos de textos destinados a facilitar la comunicación entre los servicios públicos y las personas que no dominan los idiomas oficiales. Estos textos pueden ser obra de autoridades nacionales o locales y cualquier otro agente social, como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, líderes étnicos, asociaciones de vecinos, etc.

Este tipo de traducción es parte de la estrategia de comunicación de las instituciones nacionales, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, que comprenden la necesidad o tienen la obligación jurídica o moral de comunicar su información a los miembros de la sociedad que hablan otros idiomas. Si, por ejemplo, un Ministerio de Sanidad o unas autoridades sanitarias regionales lanzan una campaña especial de vacunación, se espera que informe en las lenguas oficiales del territorio. Sin embargo, habrá un número importante de personas (sobre todo, extranjeras) que hablan y leen otros idiomas, pero todavía no han desarrollado una destreza suficiente en la lengua de la administración, para las que la traducción en los servicios públicos es esencial para acceder a esas informaciones.     

cabecera

Relación con interpretación en los servicios públicos y traducción en situaciones de crisis

La traducción en los servicios públicos (TSP) es la hermana de la interpretación en los servicios públicos o ISP (community interpreting), que es oral o de signos. Las dos son servicios lingüísticos comunicativos que facilitan la comunicación entre las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, y los miembros de la comunidad, por otro.

Información de interés público traducida en Australia [Fuente]

La diferencia principal es que la TSP es proactiva (se prepara con antelación, como parte de una estrategia comunicativa o de concienciación), mientras que la ISP es reactiva (se ofrece como respuesta en situaciones donde al menos dos personas no pueden comunicarse efectivamente). Tanto la TSP como la ISP se pueden prestar en situaciones de crisis humanitarias, lo que puede crear solapamiento y confusión con otro concepto, la Traducción en Situaciones de Crisis, que se refiere a labores de mediación en situaciones de emergencia, como conflictos bélicos, desplazamientos de población, desastres naturales, etc. O’Brien & Federici (2020: 131) explican que la Traducción en Situaciones de Crisis abarca “todos los modos (oral, escrito, de signos y multimodal) que se pueden usar para la comunicación en las fases de preparación y respuesta, así como para la recuperación de una crisis” (traducción propia). Como tal, la parte escrita de la TSC forma parte de la TSP y que la parte oral y de signos, de la ISP. El marco de la Traducción en Situaciones de Crisis, sin embargo, es muy específico de las situaciones de emergencia o de crisis, donde pueden intervenir incluso organizaciones internacionales como la ONU o la Cruz Roja, mientras que la TSP y la ISP abarcan la comunicación en general, y suelen limitarse a la mediación en un ámbito nacional o local, entre proveedores de servicios y usuarios locales. 

cabecera

TSP, ciudadanía, derechos humanos y lingüísticos

La TSP tiene como objetivo servir y empoderar a grupos sociales minoritarios o desfavorecidos en lo lingüístico, reflejo habitual de desigualdades a otros niveles (Taibi 2011: 215; Taibi y Ozolins 2016; Lesch 2018). Por tanto, la TSP está estrechamente ligada a los conceptos de democracia, ciudadanía, derechos humanos y derechos lingüísticos. En los países democráticos se espera que todas las personas estén en pie de igualdad en cuanto a los derechos individuales, sociales y políticos. El concepto de ciudadanía se basa en un sentido de pertenencia a un estado o comunidad que normalmente va ligado a derechos y obligaciones civiles, sociales y políticos. En el nivel civil, se reconoce y protege la seguridad y autonomía del miembro de la comunidad. En el nivel social, se garantiza cubrir sus necesidades básicas y mínimas para vivir con dignidad como, por ejemplo, supervivencia, salud y educación (Olvera 2019: 39; Marshall y Bottomore 1992: 18). En el ámbito político, los ciudadanos y miembros de la comunidad pueden participar libremente en procesos electorales para elegir a sus gobernantes. 

Información municipal multilingüe Fuente

Ciudadanía a menudo se usa en el sentido de posesión legal de una nacionalidad de la que dimanan derechos, o se define en estrecha relación con el concepto de estado-nación. El sentido en que se usa al considerar los derechos comunicativos es mucho más amplio, y remite a la condición de vivir en una comunidad y compartir espacios, servicios, experiencias e intereses con los miembros de esa comunidad. Sobre todo, ante las actuales tendencias globalizadoras, procede entender ciudadanía en el sentido de pertenencia a una comunidad y convivencia cívica en ella, más que como un vínculo jurídico con un Estado-nación (Olvera 2019: 38):

La globalización cuestiona esta asociación entre Estado-nación-ciudadanía-democracia, y lo hace desde el momento en que los Estados han perdido soberanía debido a la creciente interdependencia económica internacional y desde el momento en que los individuos mismos se mueven de un país a otro en forma masiva.

El derecho de expresión es un derecho humano. El respeto a este derecho varía de un país a otro, pero el consenso global es que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse y a comunicarse con los demás. En 1948, el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipulaba que:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La parte del artículo más relacionada con la TSP hace referencia a difundir y recibir informaciones y opiniones, es decir a tener un canal para emitir y recibir comunicaciones. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) expresa claramente la interconexión entre derechos humanos, derechos lingüísticos y diversidad cultural. La Declaración hace hincapié en la importancia de aceptar y promover la diversidad lingüística y cultural para conseguir una convivencia armoniosa entre individuos y grupos y una sociedad cohesionada, dinámica y plural. La Resolución 61/266, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 (Naciones Unidas 2007), también confirma que

[...] un multilingüismo auténtico promueve la unidad en la diversidad y la concordia internacional, y reconociendo la importancia de la capacidad de comunicarse con los pueblos del mundo en sus propios idiomas, incluso en formatos accesibles a las personas con discapacidad.

La diversidad lingüística es un hecho mundial, que se plasma en los marcos nacionales y las comunidades locales. Como indican Simons, Eberhard & Fennig  (2020) en el sitio web Ethnologue, existen más de 7.000 idiomas en el mundo y algunos países, como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Brasil, Nigeria, la India y Estados Unidos, cuentan con más de 300 lenguas cada uno. Igualmente, indican que las lenguas de grupos indígenas representan más de 2/3 de las existentes y que Papúa Nueva Guinea, un país relativamente pequeño, tiene más del doble de los idiomas hablados en toda Europa.

Los gobiernos tienen un papel decisivo en la promoción de los derechos lingüísticos y comunicativos (McLeod 2018: 9) y otros derechos humanos. Los gobiernos pueden fomentar o inhibir la participación ciudadana de los hablantes de otras lenguas a través de su política lingüística, expresa o tácita. Esto incluye decisiones que afectan el uso de idiomas en las administraciones públicas, la educación, los medios de comunicación, los espacios públicos, etc. El caso de España antes y después de la Constitución de 1978 es un buen ejemplo: Antes el monolingüismo era oficial y pretendía sustentar la unidad del estado español no solo en el ámbito político-militar sino también en el lingüístico-cultural. Después, se reconoció el derecho a la diversidad lingüística y cultural y se empezó a proteger y promover el catalán, el vasco y el gallego, incluso en el sistema educativo, los medios de comunicación y las administraciones públicas. Aunque el cambio en la política lingüística no ha sido tan profundo como para otorgarles a los idiomas autonómicos el estatus de idiomas oficiales o cooficiales en todo el territorio español y en todas las instituciones estatales (Pons 2013),  ha supuesto un avance importante en el reconocimiento de los derechos lingüísticos como derechos humanos, esto es, en la diversidad de los idiomas en los que los ciudadanos y residentes pueden comunicarse y acceder a la información.

El caso español también es un buen ejemplo porque, tras décadas de emigración española a países como Francia, Alemania, Estados Unidos y Argentina, el país empezó a recibir cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos, sobre todo, a partir de los años 90 del siglo XX. La política del gobierno y de las autoridades regionales determina si las lenguas de esos migrantes se usan en la comunicación y hasta qué punto, e influye en la cantidad de traducciones desde y a esos idiomas, así como en el reconocimiento y la remuneración del trabajo de los traductores para los servicios públicos.    

Rillof & Buysse (2015: 190) señalan que los gobiernos democráticos contribuyen a garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas en la organización y financiación de los servicios públicos, incluidos los servicios de traducción. También opinan que las sociedades democráticas están en un continuo proceso de democratización o profundización democrática y que, a consecuencia de este proceso, cada vez más miembros de la sociedad pueden acceder a los derechos y servicios que garantiza la democracia, ya sean educativos, sanitarios, de protección social o de cualquier otra índole. No cabe duda de que, para las personas que no dominan el idioma oficial, la TSP es un factor importante para facilitar ese acceso.

En relación con la comunicación con los inmigrantes, la situación en España y en el resto del mundo se puede calificar de “monolingüismo institucional combinado con traducción temporal y esporádica a los idiomas de las minorías y de los migrantes” (Meylaerts 2010: 229, traducción propia). De hecho, ni siquiera para los ciudadanos de la Unión Europea que viajan a o residen en otro país de la UE alcanzan los servicios de traducción un nivel adecuado ni los ofrecen profesionales cualificados, como ha confirmado para el ámbito sanitario el Estudio sobre la Traducción en los Servicios Públicos en los Servicios Sanitarios Transfronterizos (DGTCE y Angelelli, 2015).

Los derechos lingüísticos son tanto individuales como colectivos (Hamel, 1995: 16; Unamuno, 2020: 107). Del Artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) se desprende un derecho individual de expresarse y difundir en la lengua que uno desee, sobre todo la lengua materna. En este sentido, los derechos lingüísticos son iguales a los demás derechos humanos (expresión, religión, libertad, seguridad, etc.) porque “éstos se consideran atributos naturales de todo individuo” (Hamel, 1995: 14). Cuando el concepto de derecho lingüístico se usa en su sentido comunicativo, es decir en el sentido de usar la lengua para comunicarse con los demás, adquiere un carácter colectivo porque la posibilidad de usar una lengua se basa en la continuidad de una comunidad que la hable (Hamel, 1995: 16).

Anuncio en español de reuniones escolares en Houston. Fuente

Los derechos lingüísticos no se limitan a la expresión individual (al uso propio de la lengua materna), sino que también implican que, a nivel colectivo, se tomen medidas de planificación lingüística y ofrezcan recursos para proporcionar servicios de traducción e interpretación donde y cuando sean necesarios. Esto es aplicable, en distintas medidas, tanto para las comunidades migratorias (por ejemplo, magrebíes en Europa, españoles en Alemania, italianos, griegos y chinos en Australia, e hispanohablantes en los Estados Unidos) como en el caso de los pueblos aborígenes (por ejemplo, en Australia, Sudamérica o Sudáfrica). En este último caso, se trata de situaciones históricas y sociolingüísticas donde los hablantes de ciertas lenguas han sido marginados en lo político, económico, social, educativo y, evidentemente, cultural y lingüístico. Para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y garantizarles justicia social, y derechos humanos individuales y colectivos, se necesitan disposiciones jurídicas, políticas educativas y sociales y medios económicos. Un marco legal es un primer paso en este sentido. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México publicada en 2003, por ejemplo, establece lo siguiente en relación con los ciudadanos mexicanos que hablan idiomas distintos del español: 

ARTÍCULO 7. […] La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

ARTÍCULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.

ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

(Cámara de Diputados de México, 2018)

Sin embargo, como sucede en otros ámbitos y con otras legislaciones, el efecto y alcance de los principios y aspiraciones de los textos jurídicos e institucionales resultan limitados por varias razones, entre las cuales se encuentran las ideologías institucionales y sociales dominantes, y las restricciones presupuestarias. 

cabecera

Acceso a la comunicación; accesibilidad de la información

Un tema central de la TSP es acceder a la información o, mejor, a la comunicación y, por lo tanto, la accesibilidad de los textos en cuanto a lenguaje, organización textual, formato y presentación. La prioridad de los traductores de este ámbito es responder a las realidades y necesidades sociales, educativas y lingüísticas de las personas y grupos que necesitan la TSP. Como consecuencia, han de adoptar unas estrategias de traducción funcional. La comunicación efectiva requiere un lenguaje accesible y, cuando sea necesarias y adecuadas, simplificaciones, aclaraciones y explicaciones del traductor (Lesch 2018: 90-91). La comunicación efectiva con un lenguaje sencillo no es solo relevante para la TSP, sino que ha sido también un tema central en los debates sobre la relación entre las administraciones y los lenguajes institucionales y profesionales, por un lado y, por otro, los derechos de los ciudadanos y la democracia. 

Información pública de interés en versión multilingüe. Fuente

Prueba de ello es el movimiento Plain Language, que defiende el derecho de las personas a encontrar fácilmente la información, y en un lenguaje accesible para poder actuar con ella (Adler 2012; véase también Cornelius 2010; PLAIN ; Clarity o Center for Plain Language). En los textos jurídicos, por ejemplo, Sullivan (2001: 97) establece una relación directa entre lenguaje accesible y democracia: “El objetivo de redactar textos legislativos en un lenguaje sencillo es fortalecer la democracia y el estado de derecho al hacer que la legislación sea accesible para las personas cuyas vidas afecta”.

Taibi & Ozolins (2016: 64-71) opinan que la accesibilidad del lenguaje y de los textos es muy relevante en cualquier labor de TSP pero, al mismo tiempo, hay casos en que las administraciones y organismos quieren traducciones que reflejen terminología exacta y reproduzcan mensajes institucionales con su nivel de ambigüedad, es decir, sin simplificación o aclaración del traductor. Por eso argumentan Taibi y Ozolins que un enfoque funcional es más adecuado para la TSP porque: 1) concede o atribuye a los traductores un papel de agentes sociales activos, que pueden informar a los servicios públicos, negociar con ellos los parámetros de la traducción, e intervenir más allá del sentido tradicional de la traducción, cuando eso sea necesario para garantizar la comprensión; 2) considera que la función de la traducción es el criterio más importante; y 3) distingue entre tipos de textos y, por tanto, entre las estrategias adecuadas para cada tipo y caso; por ejemplo, traducir un texto legislativo como tal requiere una estrategia diferente de la que se utilizaría si el mismo texto se tuviera que traducir como un resumen divulgativo. Taibi & Ozolins añaden que, en consonancia con el enfoque funcional, los traductores han de tener un entendimiento sociológico de la TSP; sobre todo, su misión u objetivo final, que es servir y empoderar a los grupos o comunidades interesados.

Taibi & Ozolins (2016: 49) llevan la accesibilidad de la TSP más allá de la simplificación del lenguaje (por ejemplo, con vocabulario más sencillo, estructuras menos largas y complejas) y proponen que también puede lograrse usando los medios de difusión adecuados para cada situación y grupo de beneficiarios. Es decir, que la traducción sigue siendo escrita, pero el medio de difusión puede ser audiovisual, por ejemplo, y no siempre en el formato tradicional de folletos y guías.   

cabecera

Amateurismo, profesionalismo y calidad

Muchos confunden la TSP con la traducción de voluntarios bilingües, sobre todo, cuando se usa el término inglés Community Translation, que tiene dos acepciones por lo menos: 1) traducción profesional para los servicios públicos y 2) traducción colectiva o individual por traductores aficionados que son miembros de una comunidad virtual, o por activistas no necesariamente especializados o formados en traducción aunque comprometidos con causas sociales, políticas o ecológicas. 

Requisitos para asegurar una TSP de calidad.

También contribuye a esta percepción que, en la mayoría de los países, cuando existen servicios de TSP, a menudo están a cargo de personal o voluntariado bilingüe, y no traductores profesionales (Valero, 2009; Taibi, 2011; DGTCE y Angelelli, 2015). Como afirma Valero (2009: 62), “las instituciones no suelen disponer de mecanismos o preocuparse por la calidad de las traducciones, la remuneración suele ser desigual dependiendo del presupuesto disponible para ese encargo concreto y con frecuencia se sirven de personal bilingüe, no de traductores profesionales”.

Naturalmente, los traductores no profesionales pueden realizar una labor valiosa en situaciones de urgencia o cuando no queda otra opción, pero la TSP se entiende como un servicio lingüístico profesional, realizado por personal formado en traducción, consciente de la misión social de la TSP y debidamente acreditado o seleccionado. García (2018) opina que los aficionados que operan en redes virtuales pueden complementar a los profesionales de TSP haciéndose cargo de las traducciones urgentes y de bajo riesgo, pero lo deseable es que las autoridades competentes se comprometan con los derechos humanos y comunicativos de todos los miembros de la sociedad y dediquen recursos suficientes para garantizar una TSP de calidad.

Taibi (2018) propone un marco de calidad para la TSP que considera la complejidad de la profesionalización de este campo y la diversidad de actores sociales

 

Obligaciones del estado, las autoridades regionales o de la sociedad en general

Como se ha indicado, los gobiernos desempeñan un papel importante en el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos, civiles, lingüísticos y comunicativos. En ese marco, las autoridades tienen el deber institucional y moral de adoptar una política que favorezca crear servicios profesionales de traducción y de interpretación. En esto entran los marcos constitucionales y jurídicos que reconocen los derechos lingüísticos y comunicativos, la planificación relativa a la TSP, las medidas y recursos necesarios para unos programas de formación adecuados, etc. Reconocer la diversidad lingüística en abstracto e incluso una política lingüística favorable no son suficientes si no se aplican sobre el terreno en forma de planificación, medidas concretas y recursos adecuados para fomentar esa diversidad y garantizar el acceso a la traducción (Córdoba 2016).

 

Colaboración interprofesional

Este nivel atañe a medidas para garantizar la calidad en la TSP que no dependen solamente de los traductores, sino también de otros profesionales (por ejemplo, funcionarios de los servicios públicos, directores de agencias o servicios de traducción, responsables y empleados de ONG, etc.). La calidad de la traducción comienza en la selección rigurosa del personal de TSP, tanto para puestos fijos como para encargos puntuales. También incide en la calidad que los redactores de los originales sean conscientes de la diversidad de lectores y de las diferencias culturales entre grupos sociales y étnicos y que, por lo tanto, preparen sus textos con los traductores y la diversidad sociocultural en la mente. Asimismo, es importante que otros profesionales colaboren con los traductores, informándolos de la finalidad de los encargos de traducción y proporcionándoles la información necesaria (sobre los textos originales, las expectativas de la institución, el perfil del lector, etc.) para ayudarles en su labor de seleccionar las estrategias de traducción, el lenguaje y la presentación adecuados.

 

El papel del traductor

Es el agente central en todo este proceso y, por tanto, en él recae la mayor responsabilidad de garantizar un trabajo de calidad. En este nivel entran varias condiciones, entre las que cabe destacar el deber ético de no aceptar encargos para los que uno no esté cualificado, comprometerse a efectuar un proceso riguroso de análisis, comprensión, investigación, traducción y revisión, así como adoptar un enfoque funcional dentro del marco general de la TSP, que es el compromiso de facilitar la comunicación y el acceso a la información a las comunidades lingüísticamente desfavorecidas. En el mismo marco, el traductor procurará utilizar el lenguaje, la variedad lingüística, el estilo y el formato más adecuado para el tipo de texto y la audiencia (perfil sociolingüístico, nivel socio-educativo medio, etc.).

 

Control de calidad posterior

Es un control de calidad de las agencias y de los servicios públicos implicados. Como parte de su estrategia comunicativa, un ministerio, administración o servicio público debe tener un protocolo de control de calidad y de eficacia, tanto para dicha estrategia en general como para las traducciones que se producen en su seno. Sobre todo, para los servicios que encargan o producen TSP con frecuencia y a grandes cantidades, una medida habitual de control de calidad es realizar evaluaciones regulares de muestras de traducciones publicadas en diferentes idiomas. Otra medida es establecer canales de comunicación con los usuarios de la TSP con el fin de averiguar donde acierta la estrategia de comunicación y de traducción y donde existen deficiencias. En el caso de las agencias de traducción, como parte del protocolo de control de calidad debe existir una fase de revisión ajena, es decir, no realizada por el traductor del borrador (obra, por ejemplo, de jefes de servicio o coordinadores de combinación lingüística). 

cabecera

  Potencial para la investigación

La TSP es una actividad profesional y una labor social que todavía necesita de investigaciones que arrojen luz sobre sus distintas dimensiones. Como ejemplos destacados se pueden enumerar las siguientes áreas de interés:

1. Situación de la TSP en diferentes países (servicios disponibles, lenguas incluidas y excluidas, organizaciones responsables, niveles de profesionalización, relaciones laborales, remuneración, etc.)
2. Política lingüística y de traducción y su relación con la TSP
3. Recepción de la TSP y las perspectivas y preferencias de las comunidades y grupos para los que se traduce
4. Función de los traductores para los servicios públicos (vista por ellos mismos, los usuarios y otras partes interesadas)
5. Evaluación de calidad
6. Impacto social y educativo de la TSP (por ejemplo, sobre la participación ciudadana de las minorías lingüísticas, o sobre la concienciación en salud y medio ambiente)
7. Aspectos pedagógicos de la TSP; presencia de la TSP en el diseño curricular
8. Medios de difusión de la TSP; enlace entre TSP y recursos tecnológicos y mediáticos
9. Relación entre TSP y otros campos de investigación y actividades profesionales (por ejemplo, presencia y función de la TSP en las estrategias de comunicación de los servicios de salud, o relación de la TSP con la ISP y la mediación cultural)
10. Prácticas profesionales en la TSP y tendencias textuales, estilísticas y discursivas (por ejemplo, estudio y comparación de corpus de textos de los servicios públicos y de sus traducciones a uno o varios idiomas, con especial atención a las tendencias dominantes en cuanto a alteraciones y adaptaciones estilísticas y discursivas).

Naturalmente, algunos de estos temas de investigación están relacionados entre sí. Por ejemplo, la política lingüística y de traducción forman parte de la situación de la TSP en diferentes países o, mejor dicho, la situación suele ser el reflejo de esa política. Igualmente, la recepción de la TSP está relacionada con los medios de difusión de las traducciones. Estas últimas áreas (recepción y medios de difusión) son probablemente las más importantes por varias razones: 1) Investigar la recepción de la TSP puede abarcar varios aspectos interconectados, como necesidades y preferencias de las comunidades de usuarios; eficacia e impacto de cada medio de difusión en cada comunidad; enlace entre calidad de la traducción, diseño de la estrategia de comunicación y realidad sociocultural y socioeducativa de los usuarios; 2) puede empoderar a las comunidades de usuarios ubicándolos en el centro de la actividad traductora y de la estrategia de comunicación de las instituciones públicas; así los usuarios resultan empoderados no solo por la TSP sino también por la labor investigadora que la rodea; 3) puede evaluar la calidad de las traducciones dentro de un marco pragmático de recepción, utilidad e impacto, en vez de marcos limitados a la valoración lingüística, semántica o estilística; 4) es capaz de evaluar el impacto de la TSP y de las distintas formas de difusión, y así proporcionarles datos empíricos a los organismos públicos, semipúblicos e incluso privados sobre los que podrán basar sus futuras estrategias de comunicación y decisiones presupuestarias.

cabecera