Entrada | Traductores / intérpretes jurados

ENG Sworn interpreters/translators CAT Traductors/intèrprets jurats EUS Zinpeko itzultzaileak/interpreteak GAL Tradutores/intérpretes xurados POL Tłumacze przysięgli POR Tradutores/intérpretes públicos/juramentados

Introducción

Los traductores/intérpretes jurados (TTIIJJ) son aquellos profesionales habilitados o acreditados por las autoridades públicas o alguna organización profesional (tras la superación de exámenes o acreditar que cuentan con una cualificación académica pertinente, a menudo en combinación con experiencia profesional demostrable) para realizar traduciones desde o hacia una (o varias) lengua(s) extranjera(s) de documentos que se aportarán a un procedimiento judicial o se utilizarán en la administración pública, así como para interpretar en juzgados y tribunales (cf. Interpretación judicial), cuerpos y fuerzas de seguridad y otras instituciones públicas.

Traducciones juradas de documentos que se presentarán como pruebas ante un tribunal [Cortesía de Joanna Miler-Cassino]

La habilitación o acreditación oficial suele corresponder habitualmente a los ministerios de justicia o de asuntos exteriores, agencias gubernamentales, altas instancias judiciales o centros universitarios específicos. Los TTIIJJ tienen encomendada la función de realizar traducciones/interpretaciones fiables y, de esta forma, según se trate, garantizar el derecho a un juicio justo o la seguridad de las transacciones.

En algunos países, como Austria o Polonia (Korpal 2021: 558), la habilitación incluye tanto la traducción como la interpretacion, mientras que en otros países, como pueden ser Francia o Alemania (TEPIS 2021: 16, 34) ambas actividades profesionales están separadas. En países multilingües, la TIJ también se realiza entre lenguas oficiales o entre estas y lenguas minoritarias reconocidas.

Denominaciones en el mundo no hispano

En inglés, dependiendo del ámbito de actuación podemos encontrar denominaciones como court interpreters and legal translators (literalmente, intérpretes judiciales y traductores jurídicos según FIT) o legal interpreters and translators (literalmente y en un sentido más amplio, traductores e intérpretes jurídicos, según EULITA).

En el caso de otras denominaciones recurrentes en lengua inglesa podemos encontrar: Authorised/court-appointed/court-authorised translators and/or interpreters, permanent court interpreters, official translators/interpreters. Asimismo, si atendemos a las denominaciones específicas empleadas en otras lenguas y países encontramos: allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Dolmetscher (Austria), auktorisoitu kääntäjä (Finlandia), öffentlich bestellter Übersetzer, allgemein ermächtigter Übersetzer, (allgemein) beeidigter Urkundenübersetzer (Alemania, diferentes Estados federados), allgemein beeidigter Gerichtsdolmetscher (Alemania, nivel federal), traducteur/interprète agréé (Francia), ορκωτός μεταφραστής (Grecia), statsautorisert translator (Noruega), tłumacz przysięgły (Polonia), traducteur-juré, interprète intervenant au profit des autorités judiciaires et de poursuite pénale (Suiza, diferentes cantones).

Fundamentos jurídicos

Los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 consagran el derecho a un juicio justo, del que deriva la intervención de TTIIJJ en diligencias policiales y judiciales. De forma más específica, este derecho adquiere fuerza vinculante a través del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, cuyo párrafo 3 establece, entre otras cosas:

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; […]

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal

Conviene apuntar, no obstante, que “the right to an interpreter is a secondary right of the right to fair trial”, lo que resulta más fácil de aplicar en los ordenamientos jurídicos nacionales, al tratarse de algo más concreto. Además, hay que interpretar este artículo en sentido amplio para incluir el derecho a la traducción [escrita] de documentos esenciales (Sherman 2017: 257). El derecho a intérprete está expresamente protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (y aunque no ocurre lo mismo con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, quedó igualmente confirmado), por los estatutos de los tribunales internacionales (Corte Penal Internacional, los tribunales especiales establecidos para la antigua Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona y Líbano), así como por muchas constituciones nacionales (Sherman 2017: 279-284). Asimismo, su condición de norma internacional ha quedado confirmada en la jurisprudencia de los tribunales internacionales (Sherman 2017: 286).

Por su parte, el artículo 5.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que se refiere al derecho a la libertad y la seguridad, es fiel reflejo de la redacción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella”. Lo mismo ocurre con el artículo 6.3 del CEDH, sobre el derecho a un juicio justo:

Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; […]

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.

Por su parte, la Unión Europea, a través de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales establece el derecho a interpretación (artículo 2) y el derecho a traducción (artículo 3) y obliga a que los Estados miembros tomen "medidas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida” (artículo 5.1) y se esfuercen "por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados” (artículo 5.2). Estas dos obligaciones fueron objeto de sendos proyectos europeos, QUALETRA (JUST/2011JPEN/AG/2975) y LIT Search (JUST/2013/JPEN/AG/4556), en los que participó la Asociación Europea de Traductores e Intérpretes Jurídicos (EULITA).

En lo que respecta a Estados Unidos, el Decreto ejecutivo 13166 - “Mejor acceso a servicios para personas con conocimientos limitados en el idioma inglés” (LEP) desarrolla el principio de no discriminación a favor de estas personas cuando se comunican con las autoridades estatales y federales, incluidos juzgados y tribunales.

Antecedentes históricos

Una de las primeras menciones históricas de una profesión afín a la de la TIJ fue la Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), que preveía que el francés sustituyera al latín como lengua oficial y sentaba las bases para que los intérpretes del rey ayudaran en la comunicación con hablantes extranjeros y de lenguas vernáculas en Francia, incluso en los tribunales de la corona (TEPIS 2021: 13). Más adelante algunos intérpretes comenzaron a trabajar para otros tribunales y para particulares en toda Francia (Peñarroja 2013: 122). En España, los orígenes de la profesión están vinculados a la colonización de América, y el primer instrumento legislativo adoptado data de finales del siglo XIX (Vigier, Klein y Festinger 2013: 31-32). En la actualidad, algunos países cuentan con leyes o reglamentos específicos. Pero a menudo, son normas más generales y amplias, como los códigos de enjuiciamiento civil o penal, las que establecen cuándo hay que recurrir a los servicios de TTIIJJ.

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Una panorámica de la profesión

Los TTIIJJ constituyen un grupo profesional muy heterogéneo.

[The] organisation of the profession differs from country to country, from clearly regulated professions with a long standing tradition (like that in Argentina) to self-regulated professional fields with no direct State intervention (as occurs in the UK), to professions with clear-cut, regulated access but unregulated activity (Spain). (Vigier, Klein & Festinger 2013: 28).

En los países con estructura política federal este tipo de cuestiones pueden llegar a regularse incluso a nivel inferiores al federal. Esta situación conduce, a veces, a la falta de reconocimiento, o a un reconocimiento dispar, de las cualificaciones de los TTIIJJ y de los documentos traducidos por traductores jurados de otros países o incluso de otras zonas del mismo país, en el caso de los países federales (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 31-32, 45; TEPIS 2021: 33, 42). En aquellos países en los que cuentan con certificaciones para ejercer como intérprete para los servicios públicos, las funciones de este último colectivo pueden solaparse con las de los intérpretes jurados.

A pesar de contar con una habilitación oficial o estatal, los TTIIJJ no son empleados públicos, sino que son profesionales liberales que trabajan de forma autónoma o a tiempo parcial (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 3). Esta habilitación oficial suele llevar aparejada la aplicación de unos aranceles y tarifas oficiales fijos cuando se trata de servicios para juzgados y tribunales, cuerpos y fuerzas de seguridad, y demás administraciones públicas. En el caso de clientes privados las tarifas son negociables. Esta situación causa insatisfacción, lo que a veces conduce a huelgas, especialmente entre los intérpretes judiciales, quienes suelen ser también los que más se quejan de unas condiciones de trabajo precarias (por ejemplo, en Austria, Países Bajos, los estados de Colorado y California en Estados Unidos, o la provincia de Ontario en Canadá). Otra cuestión que suele generar problemas es la práctica extendida en algunos tribunales y en otras administraciones de designar intérpretes ad hoc - fundamentalmente para lenguas de difusión limitada, v.g. en el marco de la crisis de los refugiados de 2015, sin que se evalúen adecuadamente sus destrezas (EULITA 2020b: 17, 25; TEPIS 2021: 34-37, 51, situación que también se ha constatado en Países Bajos y en Ontario, Canadá).

Son los ministerios de justicia o asuntos exteriores, otras agencias gubernamentales, algunas altas instancias judiciales o determinadas universidades (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 27) las que otorgan la autorización o habilitación oficial . En algunos países, por ejemplo, Polonia antes de 2005, Argentina o Francia, la TIJ es considera como un subgrupo de los peritos judiciales (EULITA 2020b: 10, 26; Vigier, Klein & Festinger 2013: 39). Esta profesión, que también está al servicio de la administración de justicia, tiene un objetivo similar al del notariado de derecho civil: garantizar la seguridad de las transacciones jurídicas (Kądzielski 2020: 45-48). En Polonia se afirma que los TTIIJJ son fedatarios púbicos y, como tales, depositarios de la confianza pública (Bogucki, Dybiec-Gajer, Piotrowska et al. 2019: 134; Piecychna 2019: 130, 134) o que la profesión debe incluirse entre las que son depositarias de la confianza pública (Wojtyś 2019: 26-27). Sin duda, la relación entre los intérpretes judiciales y sus clientes se basa en la confianza (Hale y Napier 2016). Como demuestra el llamado “caso Melbourne”, una mala interpretación puede llevar a la comisión de importantes errores judiciales (Nakane 2007; Piller 2017: 89-90), mientras que la falta de intérpretes competentes y cualificados puede interferir negativamente en el funcionamiento de la administración de justicia o contribuir a la sobrepoblación de los centros penitenciarios.

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¿Cuándo se requere la TIJ?

La obligación y condiciones jurídicas para recurrir a servicios de traducción/interpretación jurada (TIJ) también difieren de un país a otro. Entre los países que cuentan con normativas más estrictas encontramos a Argetina y Francia. En Argentina, esta profesión goza de una posición privilegiada: “all documents which may be part of a legal process must be translated by registered [public translators], as authorities are bound to use duly translated documentation”, mientras que en los “proceedings involving people who do not speak the Spanish language or documents written in a foreign language where no [public translator] has been called upon are considered null and void” (Vigier, Klein & Festinger 2013: 38). En Francia, los traductores jurados tienen licencia exclusiva para realizar traducciones oficiales o certificadas, mientras que el uso no autorizado de este título profesional puede suponer una pena de un año de reclusión y una multa de 15.000 euros (TEPIS 2021: 14). En Austria el uso no autorizado del título profesional también puede acarrear multas de hasta 10.000 euros.

Ttrducciones con el sello y la firma de traductora jurada polaca [Cortesía de Joanna Miler-Cassino]

En Alemania la normativa vigente es ligeramente menos estricta. Aunque las traducciones certificadas deben ser realizadas por traductores que han prestado juramento ante los tribunales alemanes, existen numerosas excepciones, ya que los jueces y los funcionarios públicos disponen de discrecionalidad para aceptar una traducción. Dado que la profesión no está regulada a nivel federal, a veces no está claro si las instituciones aceptarán traducciones realizadas en otros estados federados o en otros países; en algunos casos incluso se aceptan traducciones realizadas por traductores no certificados (TEPIS 2021: 33). En España, aunque los traductores e intérpretes jurados están habilitados por el Estado para realizar traducciones oficiales e interpretar desde y hacia el español, sus “duties and rights have not been clearly stipulated” (Vigier, Klein & Festinger 2013: 31, 32).

En Canadá, debido a la existencia de intérpretes (certificados) para los servicios públicos, los servicios de intérpretes judiciales certificados se utilizan únicamente en los tribunales superiores (TEPIS 2021: 29). Como norma general, el artículo 22 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá (Charter of Rights and Freedoms) garantiza los derechos lingüísticos de aquellas personas que utilizan lenguas distintas al inglés y al francés. Sin embargo, como el número de idiomas en Canadá supera los 200, a veces no es preciso recurrir a traductores certificados, sino que también se puede recurrir a socios de las asociaciones provinciales de traductores, a personas que puedan demostrar experiencia previa en traducción o incluso a miembros del clero con experiencia en traducción (TEPIS 2021: 30).

Hungría presenta una situación singular, ya que cuenta con una entidad, la Sociedad Húngara de Traducción y Certificación( Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. - OFFI), entidad fundada en 1949 y constituida como sociedad mercantil en 1968, a la que la legislación vigente otorga el monopolio de realizar traducciones oficiales. Las traducciones certificadas de determinados tipos de documentos a las lenguas oficiales de la UE también pueden ser realizadas por traductores cualificados autónomos (en húngaro: szakfordító igazolvány) y por otras agencias de traducción.

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El mercado laboral

El principal ámbito de especializacion de los TTIIJJ se encuentra en la Traducción jurídica, actividad muy exigente en términos de formación, destrezas y conocimientos, ya que hay que conocer los ordenamientos jurídicos pertinentes, aspectos culturales y las convenciones del lenguaje jurídico, así como ser capaz de abordar las asimetrías entre los conceptos jurídicos (Popiołek 2020).

La norma ISO 20771:2020 exige que los traductores jurídicos dediquen al menos el 5% de su tiempo de trabajo a la formación continua (ISO 2020: 14) y que cuenten con unas cualificaciones mínimas en términos de formación académica, experiencia profesional y certificación por parte de organizaciones profesionales reconocidas. Únicamente en el caso de contar con “officially recognised qualification as an authorised legal translator on the basis of relevant national requirements and regulations”, no se exigen requisitos adicionales de formación o experiencia previa (ISO 2020: 9). En un primer momento las asociaciones que agrupan a los traductores jurídicos criticaron la norma, ya que impone a los traductores autónomos una carga adicional y una serie de gastos (de hecho, la norma fue rechazada en Alemania), si bien los expertos de ISO señalaron que su adopción es voluntaria. En determinados momentos y países no han existido entidades responsables de la certificación, por lo que la única opción viable ha sido la autocertificación, como ocurre en el Reino Unido.

Además, “[d]ue to the formalised, official or sensitive nature of the subject matter in some countries, settings and under certain circumstances, legal translators may be subject to specific professional, confidentiality and ethical requirements, […] and security clearance procedures” (ISO 2020: v). Así, los TTIIJJ han de regirse por lo dispuesto en los códigos deontológicos. Dado que su trabajo puede tener importantes consecuencias para las personas concernidas por la traducción/interpretación, deben “make every effort to ensure reliability, objectivity, probity and impartiality”, así como cumplir con la exigencia de confidencialidad, especialmente si se tiene en cuenta que, a menudo, estas traducciones e interpretaciones giran en torno a la vida privada de las personas (Esteves-Ferreira 2013: 78-80).

Traducciones certificadas

Las traducciones certificadas u oficiales se definen como aquellas “that meet the requirements to serve as legally valid documents in a target country” (Mayoral-Asensio 2003: 1, emphasis in original). A tal efecto, “the translation […] must include a statement signed by the translator certifying accuracy and fidelity to the source text and taking full responsibility for their rendering” (Vigier, Klein & Festinger 2013: 28). Es importante destacar que la fidelidad no debe confundirse con la literalidad (Prieto-Ramos 2002, Mayoral-Asensio 2003: 40-52). La fórmula de certificación a menudo ha de acompañarse del cuño del sello oficial del traductor, si es que tal sello existe en el país de que se trate. En algunos países (por ejemplo, Alemania, Francia, Austria) también se aceptan firmas electrónicas, pero las normas a este respecto están cambiando. Otras soluciones incluyen la legalización por una organización profesional (en Argentina) o una entidad oficial (en Hungría). La Imagen 1 muestra un ejemplo de la fórmula de certificación del traductor.

En aquellos países en los que no existe la figura del traductor jurado, las traducciones pueden ser autocertificadas (ver Imagen 2), certificadas por profesionales del derecho - que a veces comprueban las cualificaciones del traductor o aceptan un juramento de que la traducción es exacta - o no cuentan con certificacion alguna (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 3, 25-26).


Imagen 1. Ejemplos de la fórmula de certificación de un traductor jurado en español [Textem 2022: 96]	Imagen 2. Ejemplo de propuesta de fórmula de certificación (abreviada) en inglés, para traductores sin habilitación como “jurados” en Estados Unidos [ATA].

La gama de documentos que pueden ser objeto de traduccion oficial incluye “certificates, diplomas, reports, court decisions, agreements, legislation” (Vigier, Klein & Festinger 2013: 28), así como cualquier elemento que pueda ser presentado ante un tribunal o la administración pública, lo que implica trabajar con prácticamente cualquier tema, como por ejemplo, la medicina (Kościałkowska-Okońska 2016). De forma análoga, en la interpretación judicial la variedad de temas puede ser muy amplia, de ahí que los TTIIJJ a menudo se quejen de la imposibilidad de acceder a los expedientes, lo que les obliga a intervenir en diligencias en las que, por ejemplo, se van a tratar temas técnicos, sin preparación previa.

Además del texto en sí, las traducciones certificadas también incluyen descripciones de elementos no textuales, como marcas de agua y otros elementos de seguridad, sellos, firmas, etc. A veces es necesario añadir notas del traductor. Este tipo de descripciones y notas, como norma general, se introducen entre corchetes (ver Imagen 3 e Imagen 4; más ejemplos en Prieto-Ramos 2002: 35, Mayoral-Asensio 2003: 130-132).


Imagen 3. Ejemplos de descripciones de sellos en español [Textem 2022: 97-98]	Imagen 4. Ejemplos de descripciones de sellos y firmas en inglés [Textem 2022: 22, 49]

Responsabilidad de los/las TTIIJJ

Cuando los TTIIJJ no desempeñan sus funciones adecuadamente pueden incurrir tanto en responsabilidad profesional, como civil (contractual o extracontractual) o penal (Wojtyś 2019). Polonia cuenta con un ente disciplinario profesional que es responsable de examinar las quejas que se presentan contra los TTIIJJ. En el caso de que no cumplan con las obligaciones normativas en vigor, pueden ser sancionados de alguna de las siguientes formas: advertencia, amonestación, suspensión del derecho a ejercer la profesión de traductor jurado durante un periodo de tiempo o inhabilitacion para ejercer la profesión de traductor jurado (Kubacki & Gościński 2015: 9; Piecychna 2019: 134). Francia cuenta con tres sanciones disciplinarias para los TTIIJJ que infrinjan las disposiciones relativas a la profesión o los principios de honestidad o dignidad: advertencia, supresión temporal del listado de peritos judiciales (hasta un máximo de tres años) y supresión definitiva del listado (TEPIS 2021: 18). Por su parte, en Argentina, los colegios profesionales tienen facultades delegadas por el Estado para someter a sus miembros a medidas de responsabilidad disciplinaria o emprender acciones legales, mientras que los clientes están protegidos por el derecho en materia de protección de los consumidores (Vigier, Klein & Festinger 2013: 40). En lo que se refiere a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores comprueba las traducciones que son impugnadas por clientes o instituciones destinatarias (Vigier, Klein & Festinger 2013: 33). Como ejemplo de responsabilidad penal, el Código Penal suizo prevé una multa o una pena privativa de libertad de hasta cinco años por interpretación falsa y una pena privativa de libertad de hasta tres años si el intérprete revela secretos oficiales (TEPIS 2021: 40).

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Acceso a la profesión

Cada país regula de forma específica tanto el acceso a la profesión como la formación para dicho acceso y, en algunos casos, esta regulación se realiza en niveles inferiores al nacional. En la mayoría de los casos, los candidatos deben (1) superar un examen de traducción/interpretación y/o (2) demostrar su cualificación académica y/o experiencia profesional previa y/o (3) ser miembros de una asociación profesional. La habilitación tiene carácter vitalicio o está limitada en el tiempo, a menudo para un periodo de cinco años (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 29-30).

En este contexto, es importante mencionar la cuestión de la formación de los candidatos y la formación continua de los TTIIJJ, que a menudo no es objeto de regulación o no se especifica, especialmente para las lenguas de menor difusión. En ocasiones son las asociaciones profesionales, las que cubren el vacío resultante, para lo que organizan cursos de capacitación, colaboran con universidades impartiendo talleres prácticos u ofrecen programas de mentoría. También suele ser a iniciativa de asociaciones o grupos de profesionales el que se publiquen libros con ejemplos de documentos traducidos o propuestas de traducciones. Sin embargo, como también se indica a continuación, en el caso de los idiomas de menor difusión, las directrices sobre formación o exámenes suelen ser más laxas y los TTIIJJ son habilitados ad hoc.

A través del portal e-Justice se puede acceder a los registros nacionales de traductores/intérpretes jurídicos de los Estados miembros de la UE. A continuación se proporcionan más detalles sobre las soluciones aplicadas en los distintos países

Exámenes

En Austria para poder concurrir a los exámenes hay dos supuestos: 1) contar con una titulación universitaria en cualquier ámbito del saber y tres años de experiencia profesional; 2) contar con una titulación universitaria en traducción/interpretacion y un año de experiencia. En ambos casos los candidatos han de superar un examen que incluye ejercicios de traducción (directa e inversa), de interpretación (traducción a vista e interpretación consecutiva), así como una prueba sobre conocimiento de terminología jurídica. En 2021, se introdujo una certificación parcial (certification light) de 5 años de duración para lenguas de menor difusión (fundamentalmente no europeas). Sus titulares solo están habiltados para interpretar (TEPIS 2021: 7-8).

En Ecuador, los peritos traductores e intérpretes son habilitados por el Consejo de la Judicatura. Entre otros requisitos se les exige contar con estudios formales en traducción, alguna experiencia profesional, así como integridad moral. Cuando el Consejo ha verificado que el candidato/a cumple con estos requisitos, pueden realizar un examen. El Consejo mantiene un registro de peritos acreditados, en el que se incluyen los peritos traductores e intérpretes.

En España, en 2020 se aprobó un nuevo marco normativo sobre la TIJ cuya principal novedad fue la separación de las habilitaciones en traducción jurada y en interpretación jurada. Hasta esa fecha los TTIIJJ estaban habilitados para desarrollar ambas actividades y los exámenes de habilitación se centraban fundamentalmente en traducción (traducción general desde y hacia el español, así como traducción jurídica/económica hacia el español); [durante mucho tiempo] no existieron pruebas para evaluar las destreza orales, y cuando se introdujeron consistían en realizar un resumen oral de un texto escrito y responder a una serie de preguntas de comprensión sobre el texto. En 2014 se introdujo un prueba para evaluar las destrezas en interpretación (interpretación consecutiva/de enlace, seguida de un diálogo entre los integrantes del tribunal evaluador y las personas candidatas para evaluar el grado de comprensión de estas últimas). Sin embargo, contrariamente a lo estipulado normativamente, desde al menos 2018 no se han convocado exámenes. Por ello, a pesar de los cambios introducidos en 2020, aun no se ha desarrollado o informado sobre la nueva estructura de los exámenes. En general, cuando en el pasado se han convocado exámenes, la tasa de aprobados ha sido reseñablemente baja (en torno al 4%), lo que confirma que las pruebas son difíciles; sin embargo, estas pruebas han sido objeto de críticas por prestar demasiada atención a la competencia lingüística frente a la escasa atención que reciben las destrezas en traducción jurídica (Ordoñez-López 2021).

En Polonia, los candidatos al nombramiento como TIJ deben acreditar su dominio de la lengua polaca (el procedimiento está abierto a personas de nacionalidad distinta a la polaca), no pueden contar con antecedentes penales, deben estar en posesión de una titulación universitaria y superar el examen oficial. Este examen consta de pruebas de traducción desde y hacia el polaco, interpretación consecutiva y traducción a vista hacia el polaco (Korpal 2021: 558). Estas pruebas han sido objeto de críticas por la falta de criterios de evaluación claros o la inexistencia de directrices sobre la terminología jurídica preferida (Solová 2016).

Por su parte, en la República Checa los exámenes únicamente tienen por objetivo comprobar el conocimiento sobre las disposiciones legales, las normas de procedimiento y los requisitos que afectan a la interpretación y traducción jurada (que se bifurcaron como profesiones diferenciadas en 2021). Para poder presentarse al examen debe tenerse plena capacidad legal, carecer de antecedentes penales, poseer un título de máster, aprobar un examen estatal en la lengua extranjera (o tenerla como lengua materna), documentar cinco años de experiencia en la traducción o la interpretación y completar un curso de derecho para la traducción y la interpretación (TEPIS 2023: 64-66).

Para poder ejercer la traducción o la interpretación jurada en Croacia debe poseerse la ciudadanía de cualquier país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, demostrar un nivel C2 tanto de croata como de la lengua extranjera y haber suscrito un seguro pertinente. Las personas que cumplan estas condiciones pueden presentarse a un examen de conceptos jurídicos básicos diseñado para comprobar su dominio del funcionamiento de los tribunales ordinarios, de la administración pública y la terminología jurídica. Tras superar dicho examen es preciso realizar un cursillo organizado por una asociación profesional que cubra los aspectos prácticos de la profesión (TEPIS 2023: 60).

Desde los años 70 del siglo pasado, Suecia cuenta con un sistema de pruebas de habilitación de intérpretes oficiales (a menudo conocidos como kontakttolk), incluidos intérpretes sanitarios y jurídicos. También se evalúan las destrezas en traducción de los intérpretes. Las administraciones públicas están obligadas por ley a proporcionar servicios de interpretación y de traducción de documentos a las personas que no dominen el sueco (Tiselius 2022: 183-184, 188).

En Alemania, el acceso a la profesión de traductor jurado está regulado por cada uno de los estados federados o Länder. Los candidatos han de superar exámenes locales para convertirse en staatlich geprüfter Übersetzer, o bien ostentar una titulación universitaria en traducción (Diplom-Übersetzer). En algunos Länder los candidatos han de acreditar conocimientos en derecho y contar con una titulación universitaria. En la mayoría de los Länder, los requisitos también incluyen no contar con antecedenes penales, estar al corriente en las obligaciones tributarias, y acreditar documentalmente experiencia previa en traducción. La autorización puede ser vitalicia o para cinco años, según el Länder de que se trate (TEPIS 2021: 32-33). Por su parte, los requisitos para ser intérprete jurado se han homogeneizado a nivel federal recientemente. Las autorizaciones para ejercer la profesión serán válidas por períodos de cinco años. Sin embargo, se ha criticado que la nueva legislación no aborde el problema de que jueces y funcionarios públicos nombren intérpretes ad hoc (TEPIS 2021: 34).

En Suiza, otro país federal, mientras en algunos cantones (por ejemplo, Ginebra, Zurich, Berna) se organizan cursos y realizan exámenes para traductores o intérpretes jurados (y las habilitaciones son reconocidas en ocasiones en otros cantones), en otros los candidatos deben presentar documentación y/o asistir a una entrevista (TEPIS 2021: 38-41).

En Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Justicia cuenta con un registro de traductores acreditados que cumplen con requisitos tales como buena conducta, título universitario en idiomas, experiencia profesional acreditada y superación de exámenes (Abu-Risha y Jaganathan, 2021: 540).

En Palestina, el Ministerio de Justicia realiza anualmente exámenes de acreditación de traductores. La primera prueba es escrita y eliminatoria, solo los que la superan pueden realizar la prueba oral. Los traductores/intérpretes jurados están legalmente obligados a asistir a las partes en el proceso o a los testigos que no hablen árabe (Thawabteh y Najjar 2014: 43, 44).

Verificación

En Francia existe un procedimiento de verificación. Las personas interesadas han de remitir una solicitud a cualquiera de los tribunales de apelación del país, indicando sus idiomas de trabajo y sus campos de especialización (interpretación/traducción), asi como sus cualificaciones académicas y su experiencia profesional. Los candidatos que superan el proceso son inscritos durante un periodo de prueba de tres años en los listados de peritos judiciales a cargo de los propios juzgados y tribunales (aunque cuentan con autorización para ejercer en toda Francia). Tras ese primer periodo, hay que presentar una solicitud de renovación de la inscripción en los listados cada cinco años. La revisión de estas solicitudes de renovación corresponde a comisiones en las que participan integrantes de la carrera judicial y peritos judiciales. Existe la posibilidad de que se convoque a los solicitantes a una entrevista y también se solicita información adicional (por ejemplo, sobre sanciones displinarias) a la Fiscalía General. Todos estos trámites son gratuitos pero los criterios no están claros y las resoluciones que se adoptan no han de estar motivadas (TEPIS 2021: 16-17).

En Bélgica existe un registro nacional de traductores jurados, intérpretes y traductores-intérpretes. Para inscribirse en el registro las personas candidatas deben poseer una titulación en traducción o interpretación y un certificado que confirme que conoce el ordenamiento jurídico belga, así como demostrar al menos cinco años de práctica profesional pertinente (Verliede & Defrancq 2022: 3).

Organizaciones profesionales

En Argentina las personas candidatas han de ser egresadas de un programa universitario en Traductorado Público y pertenecer a un colegio profesional. Para acceder a estos programas universitarios han de superar una prueba de acceso muy exigente en la lengua extranjera. El plan de estudios incluye asignaturas de lengua española y lenguas extranjeras, así como materias vinculadas al derecho. Por este motivo, los egresados no necesitan superar ningún examen adicional y tienen derecho a solicitar el ingreso en el colegio profesional, que cuentan con la autorización del Estado para encargarse del registro de los traductores públicos y autenticar sus firmas. La acreditación es vitalicia y es también válida para ejercer como intérprete judicial. De hecho, sólo los traductores públicos pueden ejercer como intérpretes ante los juzgados y tribunales penales, aunque la mayoría sólo ejercen como traductores (Vigier, Klein y Festinger, 2013: 38-39).

En Canadá el acceso a la profesión regulada de traductor o intérprete certificado se realiza en dos fases. La primera es la pertenencia a una asociación provincial, que está supeditada a contar con una titulación universitaria en traducción o experiencia previa en traducción y la superación de un examen inicial. Las personas que cumplen estos requisitos pasan a ser candidatas/miembros asociados y algunas instituciones ya aceptan sus traducciones. Una vez que demuestran contar con mayor experiencia profesional y superan otro examen (cuyo índice de aprobados es muy bajo) se covierten en intérpretes o traductores certificados (con habilitación diferenciada para cada par de lenguas y dirección). Algunos tribunales realizan sus propios exámenes o procedimientos de reclutamiento y capacitación, tras los cuales otorgan títulos como “Ministry of Attorney General Court Interpreter” (Intérprete judicial habilitado por el Ministerio de Justicia y de la Fiscalía) o “Immigration and Refugee Board Interpreter" (Intérprete habilitado por la Agencia de Inmigración y Refugiados) (TEPIS 2021: 27-28).

Otros métodos

En Italia y Portugal los TTIIJJ reciben un nombramiento ad hoc de los propios juzgados y tribunales. Los tribunales italianos cuentan con registros de peritos, entre los que se incluye a traductores e intérpretes, mientras que en Portugal “[l]awyers, solicitors, registrars and registry officials as well as (entire!) chambers of commerce have been legally acknowledged competence not just to certify translations but also to ‘make and certify’ them” (EULITA 2020b: 31).

Por su parte, en 2008 Grecia aprobó la Ley 3712/08 mediante la cual se instituían exámenes de traducción muy exigentes, si bien esta medida no se ha desarrollado. En la actualidad las traducciones oficiales pueden ser realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, abogados, personal consular o egresados del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Jónica en Corfú (EULITA 2020b: 16-17).

En Bulgaria, son las empresas de traducción las que están acreditadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para certificar las traducciones, aunque para obtener esta acreditacion deben presentar los listados de sus traductores (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 27).

En Omán, el Consejo de Asuntos Administrativos del Poder Judicial nombra intérpretes judiciales en plantilla de inglés, urdu y tamil. Otros países árabes que cuentan con legislación reguladora de la profesión son Siria, Argelia y Túnez (Abu-Risha y Jaganathan 2021: 540).

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Países sin profesión regulada

En aquellos países en los que no existe una profesión reconocida oficialmente, se procura, no obstante, garantizar la debida calidad de los servicios a través de procedimientos de certificación (definidos como un “voluntary process by which an organisation grants recognition to an individual who has met certain predetermined qualification standards” (Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012: 15)).

En Dinamarca, el estado ha dejado de expedir habilitaciones como TTIIJJ, y son ahora las asociaciones profesionales las que permiten obtener un nombramiento para certificar traducciones. La policía danesa creó un registro interno y temporal de traductores e intérpretes, tras constatarse la mala calidad del servicio prestado en intancias policiales y de inmigración en el marco de una licitación pública (EULITA 2020b: 3).

Desde 2010 Japón ha realizado exámenes estatales para traductores certificados en determinados idiomas (Horie & Trzaskawka 2017: 416), pero por lo demás casos son los tribunales los que entrevistan a potenciales traductores/intérpretes antes de incluirlos en sus listados y durante la entrevista únicamente les piden realizar una traducción a vista (EULITA 2020a).

En Irlanda, su asociación profesional de traductores e intérpretes (ITIA, Irish Translators’ and Interpreters’ Association) organiza exámenes para sus socios y cuenta con un registro de traductores jurídicos certificados (ITIA certified legal translators), que están habilitados para realizar traducciones certificadas. No existe ninguna obligación para recurrir a los servicios de los socios de ITIA, pero algunas entidades sí lo recomiendan (TEPIS 2021: 23-24).

En Australia cuentan con un complejo sistema de certificación (anteriormente de acreditación) a cargo de la National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI). La certificación está organizada en los siguientes niveles competenciales (de más bajos a más altos): Recognised Practising Translators or Interpreters, Certified Translators or Interpreters, Advanced Translators or Interpreters, y Specialists Translators or Interpreters, entre los que se incluyen los especializados en el ámbito jurídico (NAATI, aunque el sistema tampoco ha estado exento de críticas).

En Estados Unidos, es la American Translators Association (ATA) la que habilita a traductores (generalistas) certificados, mientras que en el caso de la interpretación judicial se puede obtener una certificación si se supera un examen desarrollado nacionalmente por el National Center for State Courts (incluye una prueba escriba y una prueba oral; el octubre de 2023 estaba disponible en 18 idiomas). La administración de este examen corre a cargo de los distintos estados, quienes establecen requisitos adicionales a estas pruebas. Para idiomas distintos a los 18 aludidos, es posible que exista certificación en algunos estados. Además, existe un programa de certificación en interpretación para los tribunales federales que en la actualidad solo está disponible en la combinación español/inglés (FCICE).

En el caso del Reino Unido, si una traducción ha de ser "certificada o legalizada" de forma que “the translator becomes clearly accountable for their text”, se puede notarizar o autocertificar. Los notarios certifican sus propias traducciones o “verify that the person appearing before them is the appropriate signatory of the statement attached to the translation” (Vigier, Klein & Festinger 2013: 30). La notarización se utiliza cuando “a higher degree of certification is required”, pero en otros casos se aceptan traducciones autocertificadas con una declaración que indique la cualificación profesional o la pertenencia a alguna organización (Vigier, Klein & Festinger 2013: 31). En el caso de las interpretaciones, las personas que van a interpretar en un procedimiento determinado han de prestar juramento o promesa ante las autoridades judiciales. La certificación por parte de organizaciones profesionales está ganando importancia. El denominado National Register of Public Service Interpreters mantiene un registro de intérpretes, verifica sus cualificaciones académicas y tramita las quejas que pudieran existir sobre los servicios prestados. Se están llevando a cabo gestiones para establecer un registro análogo de traductores. Así, organizaciones profesionales, como el Chartered Institute of Lingüists y el Institute of Translation and Interpreting en el plano nacional, así como sus homólogas en Gales, Escocia o Irlanda del Norte, prestan servicios de certificación. Otra forma de acreditar las capacitación profesional es superar exámenes como el Diploma in Translation y el Diploma in Public Service Interpreting (en ambos casos existe la posibilidad de optar por la especialización en el ámbito jurídico), o el Diploma in Police Interpreting (TEPIS 2021: 56-63).

En Jordania, en el caso de procedimientos penales, juzgados y tribunales tienen la obligación de nombrar a intérpretes que asistan a las personas acusadas o alos testigos que no hablan árabe, mientras que en los procedimientos civiles se acepta tanto la interpretación de las declaraciones de las partes como las palabras de un "intérprete de confianza" que ha prestado previamente juramente. Sin embargo, no existe normativa específica sobre cómo han de conducirse profesionalmente los intérpretes judiciales ni tampoco existe formación universitaria en la materia, por lo que en ocasiones las partes plantean objeciones en torno a la calidad de la interpretación (Abu-Risha y Jaganathan 2021: 540, 543-544).

En Sudáfrica, que cuenta con 11 lenguas oficiales, tras los intentos esfuerzos desplegados para facilitar interpretación durante las sesiones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación entre 1996 y 1998, se planteó una ambiciosa política lingüística de carácter nacional (National Language Policy Framework), que, sin embargo, nunca se ha llevado a la práctica. La legislación exige que las comunicaciones gubernamentales de carácter oficial se realicen únicamente en tres idiomas oficiales, y no existen normas de política lingüística, lo que hace que el inglés, una lengua minoritaria en el país, sea la lingua franca de facto, incluidos los juzgados y tribunales (Wallmach 2014). El derecho constitucional de las personas acusadas a ser juzgadas en un idioma que entiendan no se desarrolla con más detalle. Las lenguas de procedimiento en juzgados y tribunales son el inglés y el afrikaans, lo que propicia que se puedan producir situaciones injustas. Aunque la normativa vigente obliga a que en las instancias judiciales inferiores se recurra a “intérpretes competentes”, no se establecen requisitos en cuanto a los conocimientos o destrezas que deben tener o cómo deben actuar (Lebese 2014: 194, 202-203).

Una situación análoga se aprecia en Zambia, donde la Constitución señala que la lengua oficial es el inglés, y se limita a mencionar que existen otras siete lenguas nacionales. Se considera que la falta de intérpretes judiciales da lugar a errores judiciales (Kasonde 2016: 26-27).

Corea del Sur tampoco cuenta con un programa de interpretación jurídica: no existe normativa que regula la interpretación en entornos jurídicos o las cualificaciones con las que deben contar los intérpretes que trabajen en este ámbito. El resultado es que las personas que se inscriben como intérpretes civiles para la policía no son profesionales y no reciben formación (Lee 2017: 195). En ocasiones el personal de traducción e interpretación de los Centros Multiculturales de Apoyo a la Familia es requerido para interpretar en juzgados y tribunales u otros entornos jurídicos para personas migrantes, aunque ellos mismos son migrantes con un conocimiento intermedio del coreano (Lee, Choi, Huh et al 2016: 184).

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Imagen social de la TIJ, satisfacción laboral y estrés

Existe un número creciente de investigaciones que abordan tanto a los TTIIJJ en sí mismos como la percepción que tienen de su trabajo, así como sobre la percepción que tienen jueces y abogados sobre la intervención de los TTIIJJ en juicios (Liber-Kwiecińska 2021). En los siguientes gráficos se resumen las respuestas a preguntas sobre el papel de los TTIIJJ en juicios.


Imagen 5. Respuestas de los abogados a la pregunta 3: La presencia de un intérprete jurado es innecesaria si la persona extranjera puede comunicarse en polaco [Liber-Kwiecińska 2021: 34]	Imagen 6. Respuestas de los abogados a la pregunta 10: La participación de un intérprete jurado dificulta la celebración del juicio [Liber-Kwiecińska 2021: 38]	Imagen 7. Respuestas de los abogados a la pregunta 13: La interpretación puede influir en la valoración de los jueces hacen de las manifestaciones de los declarantes en un juicio [Liber-Kwiecińska 2021: 38]

Una encuesta distribuida entre traductores jurados de polaco mostró que “nearly half the respondents are satisfied with the scale of activity in the job they perform”, mientras que “a large number of those surveyed felt satisfied or […] very satisfied with the following scales: independence, variety, social service, ability utilisation, compensation, responsibility and creativity” (Piecychna 2019: 136-137). Una proporción relativamente alta de los encuestados (35-40%) no estaba ni satisfecha ni insatisfecha con aspectos como la actividad, el estatus social, los valores morales y la seguridad. Finalmente, los aspectos con mayor proporción de encuestados insatisfechos (aproximadamente 25%), fueron la remuneración y la seguridad (Piecychna 2019: 137).

En su estudio comparativo entre la satisfacción laboral de los traductores jurados eslovacos y la de sus homólogos que trabajaban para las instituciones de la UE, Bednárová-Gibová & Madoš (2019) constataron que, a pesar de las diferencias de remuneración, los traductores jurados y de la UE se sentían prácticamente igual de felices en sus trabajos (Imagen 8). El nivel de felicidad medio en el segundo grupo recibe una puntuación media de 3,86 (n=83), mientras que en el primero es de 3,75 (n=31).

Curiosamente, el orden que se otorgaba a los cinco principales aspectos que estaban más directamente relacionados con la satisfacción diferían entre ambos grupos. En ambos grupos los dos elementos más relevante eran “their abilities to deal with difficult translations and the increase in knowledge and translation skills that come with their work” (Bednárová-Gibová & Madoš 2019: 235). Sin embargo, los traductores jurados situaron a continuación el respeto/reconocimiento y la capacidad de satisfacer las expectativas de los clientes (Imagen 9), mientras que los traductores de la UE puntuaron más alto la alta retribución y la responsabilidad (Imagen 10).


Imagen 8. La felicidad laboral de los traductores jurados eslovacos y de la UE [Bednárová-Gibová & Madoš 2019: 236]	Imagen 9. Elementos que generan mayor satisfacción profesional para los traductores jurados eslovacos [Bednárová-Gibová & Madoš 2019: 235]	Imagen10. Elementos que generan mayor satisfacción profesional para los traductores eslovacos de la UE [Bednárová-Gibová & Madoš 2019: 235]

Los TTIIJJ están en ocasiones expuestos a comportamientos violentos, ya que trabajan en entornos potencialmente peligrosos, entre los que se incluye facilitar la comunicación con delincuentes en comisarías, fiscalía, juzgados o centros penitenciarios (Rodeš 2016). En una encuesta internacional a pequeña escala (n=37) sobre la exposición al riesgo de los TTIIJJ, las respuestas afirmativas y negativas a la pregunta de si la seguridad de los encuestados se había visto comprometida se distribuyeron de forma casi exacta, aunque la mayoría de los encuestados no había experimentado “fear, threat or pressure while interpreting” (62,2%) y, en general, se sentían seguros en el desempeño de su trabajo (75,7%) (Rodeš 2016: 105). Sin embargo, declararon incidentes graves de seguridad, como "sitting with the accused in a police interviewing room without supervision” o “a defendant who tried to show, on my neck, how someone tried to strangle him” (Rodeš 2016: 112), lo que parece confirmar que la seguridad de los intérpretes es, a veces, descuidada por las instituciones que utilizan sus servicios.

Una gran mayoría de los TTIIJJ encuestados (83,8 %) no sabían si su seguridad estaba regulada en alguna normativa y algunos más (89 %) veían la necesidad de regular las condiciones de trabajo peligrosas. Otras medidas que los encuestados acogerían con agrado son:

ocultar sus datos personales (83,8%)
interpretación a distancia (70,3%)
recibir información sobre métodos de protección durante su formación profesional (89,2%) (Rodeš 2016: 106).

A pesar de la relativa satisfacción declarada por los TTIIJJ polacos, su trabajo también presenta considerables niveles de estrés derivados de factores distintos a los que amenezan su seguridad (Korpal 2021). Las dos imágenes que figuran a continuación muestran factores de estrés en la interpretación judicial (Imagen 11) y los aplicables tanto a la interpretación como a la traducción (Imagen 12). Como era de esperar, los estresores más importantes en la interpretación judicial incluyen la alta velocidad de elocución de los oradores, la falta de acceso previo al expediente del procedimiento y la mala acústica de las salas (Korpal 2021: 560). En cuanto a los factores de estrés que se aplican a ambas actividades, la mayoría de los encuestados identificaron el sentido de la responsabilidad por el contenido traducido/interpretado, una cooperación deficiente con los colegas (por ejemplo, la bajada de tarifas) y el temor a cometer errores (Korpal 2021: 561).


Imagen 11. Estresores en interpretación judicial [Korpal 2021: 560]	Imagen 12. Estresores tanto en interpretación como en traducción [Korpal 2021: 561]

Otros estresores identificados por los encuestados fueron: retrasos en los juicios y en el pago, jueces y testigos que no están acostumbrados a ser interpretados, expectativas poco realistas sobre la productividad, los elevados costes que implica trabajar por cuenta propia, “lack of respect towards the profession”, lidiar con errores en los textos fuente, y mantener la imparcialidad cuando algunas partes esperan que el intérprete sea su aliado (Korpal 2021: 562-563).

En aquellos países que no cuentan con una profesión similar a la TIJ, se han realizado investigaciones sobre cómo las personas que interpretan en juzgados y tribunales o en el marco de investigaciones policiales afrontan la tarea (cf. Nakane 2007, Lebese 2014, Lee 2017).

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Potencial para la investigación

Dado que la actividad de los/las TTIIJJ o de sus homólogos en los países donde no existe la profesión como tal versa sobre documentos o situaciones a menudo confidenciales, investigar sobre lo que realmente traducen o interpretan es difícil, aunque no imposible, como ha demostrado Nakane (2007).

La formación de los TTIIJJ y los exámenes a los que se someten también merecen mayor atención, tal y como muestran Ordóñez-López (2021) y Solová (2016). Durante la formación, de forma recurrente el alumnado solicita explicaciones sobre "buenas prácticas" en traducción jurada como, por ejemplo, cómo describir los elementos no textuales de los documentos.

Entre las cuestiones sobre las que todavía no se ha investigado lo suficiente encontramos aquellas relativas al estatus y reconocimiento de la TIJ o profesiones análogas (por ejemplo, Hale & Napier 2016; Pym, Grin, Sfreddo et al. 2012 2012; Plencovich, Bacco, Rivas et al. 2021) y el impacto psicológico del trabajo en la profesión (Roberts 2015).

La investigación sobre los TTIIJJ también se presta a integrarse en la investigación en otros campos, como puede verse en las secciones de Potencial para la investigación de otras entradas de la enciclopedia como Didáctica de la traducción, Traducción jurídica o Interpretación judicial.

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